El máximo tribunal cerró una de las discusiones que las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez todavía mantenían abiertas dentro de la causa Vialidad, referida a la forma en que se actualiza el monto del decomiso que deben afrontar los condenados. En apenas tres años, esa cifra se multiplicó por ocho respecto de su valor inicial.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos presentados por considerarlos inadmisibles, apoyándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. De esta manera, quedó habilitado el avance de la ejecución por $685.000 millones sobre los bienes de los responsables, proceso que ya alcanza a 111 propiedades en etapa de tasación.
La resolución, difundida este jueves por la tarde, tiene su punto de partida en el veredicto emitido por el Tribunal Oral Federal N°2 el 6 de diciembre de 2022, tras un juicio oral que duró casi tres años. En aquella oportunidad, la entonces vicepresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, al ser hallada responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Con penas similares, aunque adaptadas a su participación en la maniobra, también fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, junto a otros ex funcionarios provinciales.
Aquel fallo ya establecía un decomiso inicial de casi 85.000 millones de pesos, cifra calculada sobre la base de los sobreprecios detectados, los acuerdos entre empresas para direccionar licitaciones y los daños generados por obras que quedaron inconclusas. Sin embargo, la sentencia dejaba en claro que ese valor debía actualizarse una vez que la condena adquiriera firmeza, situación que se concretó en junio de 2025, cuando la Corte desestimó los últimos reclamos de fondo tanto de las defensas como de la fiscalía, que a su vez pretendía agravar las penas por asociación ilícita.
A partir de entonces, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, con la participación de expertos propuestos por las defensas y por el Ministerio Público, recalculó el monto tomando como base la variación del Índice de Precios al Consumidor entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. El resultado arrojó una suma cercana a los 685.000 millones de pesos —precisamente $684.990.350.139,86—, ocho veces mayor a la establecida originalmente.
Ese incremento fue lo que las defensas buscaron impugnar, primero ante el tribunal oral y luego ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ratificó el nuevo monto. Los abogados de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que la cifra inicial era provisoria y cuestionaron el uso del IPC como criterio de actualización. Por su parte, la defensora de Báez, Yanina Nicoletti, planteó que la competencia para ejecutar el decomiso debía recaer en el Tribunal Oral Federal N°4 —que ya lo había condenado en la causa Ruta del Dinero K— y no en el N°2. Ninguno de estos argumentos logró torcer la decisión de los jueces de la Corte.
Con este fallo, todos los condenados quedan obligados a responder de manera solidaria por el total del monto, aunque en los hechos es Fernández de Kirchner quien todavía conserva un patrimonio de valor considerable, ya que los bienes de Báez fueron liquidados en el marco de la quiebra de Austral Construcciones y de su condena por lavado de dinero.
Fuente: Agencia DIB
