Un nuevo round judicial se abrió por las jubilaciones del personal que trabaja en colegios privados de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una pulseada entre el organismo previsional nacional y el bonaerense. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) llevó el tema ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, donde pidió que se declare inconstitucional un artículo de la Ley de Presupuesto impulsada por Axel Kicillof que exige a las instituciones educativas girar los aportes de docentes y auxiliares al Instituto de Previsión Social (IPS).
Mediante un comunicado, la entidad que agrupa a los colegios privados manifestó su oposición a que el personal deje de aportar al esquema nacional que administra Anses para pasar al sistema previsional provincial. El conflicto tiene su origen en el artículo 59 de la norma presupuestaria, que establece que tanto los docentes que dan clases extraprogramáticas -es decir, fuera de la carga horaria obligatoria- como los empleados no docentes de las escuelas privadas comiencen a tributar ante el IPS.
De acuerdo a cálculos que maneja el sector, la medida podría afectar a una franja de entre 50 mil y 55 mil trabajadores, entre personal auxiliar, no docente y quienes dictan actividades extraescolares. El cambio implicaría que tanto esos empleados como los colegios que los contratan dejen de hacer sus aportes al régimen nacional para volcarlos al provincial.
Desde AIEPA cuestionaron que la disposición se haya tomado sin abrir antes un espacio de diálogo genuino con el sector, y sin establecer reglas claras -tanto normativas como administrativas y operativas- que den previsibilidad a las instituciones que quedan alcanzadas por el cambio.
Martín Zurita, secretario ejecutivo de la asociación, precisó que la discusión no pasa por la disposición de las instituciones a cumplir con sus obligaciones previsionales, sino por la incertidumbre sobre a qué organismo deben destinarse esos fondos. Según explicó, las escuelas continúan alcanzadas por regulaciones nacionales que siguen vigentes, y hasta el momento no existe ninguna norma a nivel nacional que las exima formalmente de seguir aportando al sistema que conduce Anses.
La entidad también alertó sobre las consecuencias económicas que traería el cambio. Por un lado, podría encarecer los costos laborales de los colegios, en particular por la posible pérdida del beneficio de contribuciones patronales diferenciales que existe a nivel nacional para instituciones privadas incorporadas a la enseñanza oficial. Por el otro, también impactaría en el bolsillo de los propios trabajadores, dado que el aporte personal exigido por el régimen provincial es más alto que el vigente en el sistema nacional.
Para la asociación, la presentación judicial refuerza la postura que vienen sosteniendo desde que estalló la controversia: que no se trata simplemente de una cuestión administrativa a nivel local, sino de un tema que involucra competencias nacionales, obligaciones previsionales en vigencia, fondos de la seguridad social y el principio de jerarquía de las normas.
Fuente: Agencia DIB
