La Corte Suprema cerró una de las disputas que las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez todavía tenían abiertas en la causa Vialidad: el reclamo por la forma en que se actualizó el decomiso que recae sobre los condenados, que en solo tres años se multiplicó por ocho respecto de su valor inicial.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos por considerarlos inadmisibles, según el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Con esa decisión, quedó habilitado el avance de la ejecución por $685.000 millones sobre los bienes de todos los responsables, que ya suman 111 propiedades en proceso de tasación.
El fallo, conocido este jueves por la tarde, tiene su punto de partida en la sentencia que dictó el Tribunal Oral Federal N°2 el 6 de diciembre de 2022, tras un juicio que duró casi tres años. En esa oportunidad, la entonces vicepresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, al ser hallada responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Con penas similares, aunque con matices según su participación, también fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, junto a otros ex funcionarios provinciales.
Aquella sentencia ya establecía un monto de decomiso cercano a los 85 mil millones de pesos, calculado en función de los sobreprecios de las obras, los acuerdos entre empresas para direccionar licitaciones y los daños generados por trabajos que quedaron sin terminar. Sin embargo, el propio fallo aclaraba que esa suma debía ser reajustada una vez que la condena quedara firme, lo que finalmente sucedió en junio de 2025, cuando la Corte desestimó los últimos reclamos de fondo tanto de las defensas como de la fiscalía, que pretendía agravar las penas por asociación ilícita.
A partir de ese momento, el Cuerpo de Peritos Contadores del máximo tribunal —con la participación de expertos propuestos por las defensas y por el Ministerio Público— recalculó la cifra tomando en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. Así se llegó a un número cercano a los 685 mil millones de pesos, precisamente $684.990.350.139,86, ocho veces más que el monto original.
Ese incremento fue lo que las defensas buscaron frenar, primero frente al tribunal oral y luego ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ratificó la actualización. Los abogados de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que la cifra inicial era provisoria y cuestionaron el uso del IPC como criterio de ajuste. Por su parte, la defensora de Báez, Yanina Nicoletti, planteó que debía ser el Tribunal Oral Federal N°4 —que ya lo había condenado en la causa Ruta del Dinero K— y no el N°2 quien tuviera competencia para ejecutar el decomiso. Ninguno de esos argumentos logró torcer la decisión de los jueces del máximo tribunal.
Con este pronunciamiento, todos los condenados quedan obligados solidariamente a responder por el monto total, aunque en los hechos es Fernández de Kirchner quien mantiene bienes de valor considerable, ya que el patrimonio de Báez fue liquidado en el marco de la quiebra de Austral Construcciones y de su condena por lavado de dinero.
Fuente: Agencia DIB
